La comisión organizadora de la 23° Marcha del Orgullo LGBTIQ
denunció que peligra su realización, prevista para el 15 de noviembre, porque
no considera que estén dadas las garantías para ejercer la libertad de
expresión y debido a que el gobierno porteño no se hace cargo de la seguridad
del encuentro.
"Ante las incertezas jurídicas sobre el derecho a la
libertad de expresión creadas recientemente por un fallo de la justicia y la
medida inconstitucional del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que viene
delegando por resolución el deber de seguridad sobre la ciudadanía en general,
denunciamos que peligra nuestra marcha", dijeron a través de un comunicado
las 30 organizaciones convocantes.
Varias ONG y entidades sindicales y políticas integran el
espacio organizativo para la marcha que reivindica los derechos de lesbianas,
gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer.
Explicaron que la autoridades porteñas "delegan la
seguridad en las organizaciones sociales y políticas al momento de otorgar
permisos para actos de interés general o políticos en el espacio público,
igualándolos a eventos con fines particulares o de lucro en espacios
concesionados o privados".
La Comisión alertó sobre "la gravedad de esta
política" y advirtió a las organizaciones sociales y políticas "sobre
el peligroso condicionamiento a la libertad de expresión y el peligro de
quiebra patrimonial de las organizaciones que implica esta decisión".
Ésto "ha sido legitimado recientemente por la Cámara en
lo Contencioso Administrativo Federal en su fallo en la causa 'Arregui Diego
Maximiliano c/ Estado Nacional -PFA y otros s/ daños y perjuicios', que ha
pasado recientemente por recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y se encuentra a la espera de resolución", añadieron.
El fallo fue calificado como "amedrentador" por
las ONG pues dispuso que la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) debe pagar
daños por 470.000 pesos a un transeúnte "por un delito común ocurrido en
la vereda de la plaza donde desarrollaba un acto, diciendo que la organización
'omitió su deber de seguridad al no ejercer el poder de policía que le delegó
el Gobierno CABA', a fin de prevenir lo ocurrido".
Ante esta situación, la Comisión anticipó que "estamos
en peligro potencial de quiebra económica de las organizaciones sin fines de
lucro y el debilitamiento de nuestro derecho a la libertad de expresión en la
vía pública".
Por todo esto, "peligra sin dudas la continuidad de la
organización de las marchas del orgullo LGTBIQ, uno de los actos democráticos
más grandes del país", enfatizaron.
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Fuente: Télam / CHA
